Constituyente: Oportunidad o Amenaza

En los últimos meses, Ecuador ha vuelto a colocar sobre la mesa la figura de una Asamblea Constituyente. El debate –a menudo dominado por tecnicismos legales o por la disputa política entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional– ha dejado de lado una pregunta mucho más importante: ¿Para qué quiere el país una nueva Constitución? ¿Qué problemas concretos busca resolver?

No se trata únicamente de discutir si el camino para convocarla es jurídico o no. El verdadero reto está en formular un nuevo pacto nacional, que nos permita salir del estancamiento institucional y proyectar un modelo de desarrollo que funcione, incluya y responda a las demandas reales de los ciudadanos y del sector productivo.

El dilema no es menor. ¿Reforma puntual o “borrón y cuenta nueva”? Ambas rutas tienen argumentos válidos. Una nueva constitución permitiría reconfigurar el Estado desde sus fundamentos, mientras que una reforma parcial preservaría avances y corregiría errores. Pero ambas opciones comparten una condición imprescindible: madurez política, visión estructural y capacidad técnica. Sin eso, cualquier proceso está condenado al fracaso o a la polarización.

Más allá del mecanismo, lo importante es el contenido. Y hay siete ejes que deberían ser el corazón de cualquier agenda constituyente:

1. Seguridad con garantías: Rediseñar el régimen de estados de excepción y clarificar el rol de las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado sin socavar derechos fundamentales.

2. Régimen económico confiable para la inversión: Establecer garantías constitucionales para la inversión extranjera, incluyendo arbitraje internacional, seguridad jurídica y una nueva interpretación de la delegación en sectores estratégicos.

3. Recursos naturales con institucionalidad moderna: Un ejemplo concreto es Petroecuador, que debería transformarse en una empresa de capital mixto, bajo auditoría externa, estados financieros públicos y posibilidad de participación en mercados de valores, al estilo de Ecopetrol en Colombia. Esto fortalecería la confianza, abriría la puerta a alianzas estratégicas y reduciría la manipulación política.

4. Disciplina fiscal con desarrollo social: Limitar el endeudamiento irresponsable y transparentar la relación con multilaterales, sin sacrificar inversión pública ni derechos.

5. Reforma profunda del sistema de justicia: El Consejo de la Judicatura necesita una reingeniería institucional que garantice independencia, evaluación y mérito.

6. Educación y salud con metas, no solo con porcentajes: Mantener la gratuidad, pero reformular los mandatos rígidos de presupuesto por metas de calidad, resultados y sostenibilidad.

7. Articulación efectiva entre el Estado central y los gobiernos locales: Reorganizar competencias y recursos de los GADs con una visión de regionalización, que potencie el desarrollo productivo desde el territorio.

Pero nada de esto será viable si la Constituyente se convierte en un botín político o una revancha ideológica. Un proceso constituyente en un país polarizado puede ser más destructivo que reformador. La falta de acuerdos, la exclusión de actores clave (productivos, territoriales, sociales) y la ausencia de una hoja de ruta clara pueden profundizar la desconfianza, generar incertidumbre y ahuyentar inversiones.

Una Asamblea Constituyente bien diseñada podría convertirse en un punto de inflexión histórico. Pero para eso, debe reunir condiciones que hoy aún no están garantizadas:

-  Participación plural, técnica y no subordinada a coyunturas.

-  Agenda clara que parta de diagnóstico, no de slogans.

-  Visión compartida sobre el desarrollo sostenible, la inclusión y la articulación productiva.

En otras palabras, una Constituyente no es una varita mágica, pero tampoco debe ser un tabú. Puede ser una herramienta poderosa si se pone al servicio del país, no de un proyecto político.