Nueve años de ajuste, ¿y dónde está el desarrollo?

La recuperación puede mejorar las cifras del presente. La transformación debe cambiar la vida de las personas y crear futuro en cada territorio. Pero transformar también exige una responsabilidad fiscal capaz de sostener el desarrollo, no un recorte permanente.

Desde 2017, Ecuador ha tenido tres gobiernos y una misma promesa: primero ordenar las cuentas; después crecer. Casi nueve años más tarde, el país debe preguntarse con honestidad: ¿cuándo llegará ese después?

La inversión pública ejecutada cayó de USD 4.706 millones en 2017 a USD 1.692,6 millones en 2025: una reducción nominal del 64 %. Y el déficit del sector público no financiero, lejos de resolverse, aumentó de USD 1.632,5 millones en 2024 a USD 3.647,7 millones en 2025. Más del doble en un año.

No son cifras aisladas. Cuentan una historia: sacrificamos inversión, pero el déficit continúa; refinanciamos obligaciones, pero la deuda sigue condicionando el futuro; pedimos sacrificios a la sociedad, pero no aparece una estrategia de desarrollo que los justifique.

Ecuador debe honrar sus deudas y corregir el déficit. Lo irresponsable sería negarlo. Pero también es irresponsable confundir disciplina con recorte, solvencia con refinanciamiento y estabilidad con resignación. Un país no alcanza sostenibilidad simplemente gastando menos. La alcanza cuando produce más, genera empleo formal, crea nuevas empresas, amplía su base imponible y construye ingresos permanentes.

Allí está el problema de fondo: el ajuste que debilita las capacidades productivas termina reproduciendo el déficit que pretendía corregir. Si el Estado deja de invertir, la economía crece menos. Si crece menos, se generan menos empleos, menos empresas y menos contribuyentes. Entonces regresan el déficit, la deuda y un nuevo ajuste. No es un camino de salida. Es un círculo.

En ese círculo, la informalidad se convierte en la única forma de subsistencia para una gran parte del país. Hay personas que madrugan sin saber cuánto venderán y trabajadores que llegarán a la vejez sin protección suficiente. No podemos romantizar esa realidad llamándola emprendimiento. Emprender es crear con posibilidades de crecer; sobrevivir es trabajar todos los días para volver a empezar desde cero al día siguiente. Mientras la mayoría luche por subsistir, Ecuador seguirá administrando el subdesarrollo en lugar de superarlo.

Ese círculo también tiene rostro en hospitales sin medicamentos, deudas impagas con prestadores del Ministerio de Salud Pública y del IESS y pacientes renales que no pueden esperar a que las cuentas se ordenen. Una sesión de diálisis postergada no es una cifra: es la vida puesta en riesgo.

También tiene rostro en la educación. No basta con mantener abiertas las aulas: debemos preguntarnos para qué mundo formamos a nuestros jóvenes. La educación no es solamente política social; es política económica, productiva y de soberanía. Sin ciencia, formación técnica, conectividad, tecnología e inteligencia artificial, Ecuador seguirá consumiendo el futuro que otros producen.

Ese futuro debe llegar al campo. Las familias campesinas necesitan una política educativa rural que una conocimiento, tecnología y producción, eleve la productividad y permita a los jóvenes prosperar sin abandonar sus territorios. Cuando un país no conecta educación, producción y territorio, no solo pierde crecimiento: desperdicia vidas. Cada joven que se marcha porque no encuentra cómo desplegar aquí su talento es una capacidad que Ecuador formó, pero que terminará produciendo futuro en otro país.

El petróleo revela la misma ausencia de rumbo. Sabíamos que los campos maduros declinaban, que la exploración era insuficiente y que las refinerías requerían inversión. Sin embargo, disminuyó la producción sin que se crearan a tiempo nuevas fuentes de ingreso. En 2025, el volumen de las exportaciones petroleras cayó 6,2 % y su valor 19 %. El cierre progresivo del ITT y las contingencias operativas explican una parte, no años de imprevisión.

La paradoja es difícil de justificar: exportamos crudo, pero importamos derivados porque no refinamos de manera suficiente y confiable lo que consumimos. Vendemos materia prima y recompramos valor agregado. No puede llamarse responsabilidad fiscal al abandono de los activos que deberían ayudar a financiar al Estado.

El sector eléctrico demuestra cuánto cuesta no anticipar. En 2024, Ecuador soportó cortes de hasta catorce horas: comercios cerrados, fábricas detenidas y familias viviendo alrededor de los apagones. El Banco Central estimó pérdidas por USD 1.916 millones, equivalentes al 1,4 % del PIB. La sequía fue severa, pero la dependencia hidroeléctrica, el deterioro térmico y el retraso en diversificar la matriz convirtieron un fenómeno climático en una crisis productiva.

Hoy existen reparaciones y proyectos anunciados o en estudio. Son necesarios, pero recuperar lo abandonado no equivale a construir el sistema energético del futuro. ¿Dónde está el cronograma verificable y financiado que asegure energía firme, renovable y diversificada? Sin electricidad no hay industria, campo tecnificado ni economía digital. Recortar o postergar la inversión necesaria para prevenir una crisis y después pagar sus pérdidas no es austeridad. Es irresponsabilidad diferida.

Esto no es responsabilidad de un solo gobierno. Es la consecuencia de años sin voluntad política sostenida, sin políticas públicas que trasciendan elecciones y sin una hoja de ruta nacional. Daniel Noboa no creó este modelo, pero después de casi tres años debe responder por el rumbo escogido. Su estrategia financiera puede identificarse. Su estrategia de crecimiento con desarrollo todavía no.

La alternativa no es gastar sin control. Es gastar mejor, combatir la evasión, revisar privilegios, administrar eficientemente los activos públicos y prepararnos para contingencias. También es construir un puente desde la informalidad hacia la economía formal mediante crédito, capacitación, productividad y protección social. Formalizar no puede significar perseguir a quien sobrevive, sino abrirle una ruta para crecer.

La sociedad ecuatoriana debe dejar de aceptar que todo ajuste es inevitable y que todo sacrificio es responsable. Debemos exigir cuentas: que cada decisión fiscal explique qué capacidad protege, qué futuro construye, qué resultado puede medirse y cómo ayudará al país a generar ingresos permanentes.

Después de casi nueve años, ya no basta preguntar cuánto se recortó, cuánto se cobró o cuánto se refinanció. Debemos preguntar qué país se construyó.

La responsabilidad fiscal no puede convertirse en la administración ordenada del estancamiento. Debe ser la arquitectura financiera del desarrollo. Ecuador no resolverá el déficit debilitando su economía ni pagará su deuda sacrificando la salud, la educación y el futuro de su gente. No existe equilibrio fiscal cuando las cuentas del Estado se ordenan desequilibrando la vida de la gente.